Investigadores en busca de su futuro en la USC (El Correo Gallego, 29 de noviembre de 2010)

La Universidade de Santiago ha decidido restringir el acceso a los que llevan tres años encadenando contratos por obra

NATALIA SEQUEIRO SANTIAGO

Los investigadores de la Universidade de Santiago (USC) tienen cada vez más complicado su futuro laboral. Las cuatro últimas convocatorias de personal para contratos por obra y servicio han introducido una cláusula que excluye a buena parte de los candidatos. Tras la entrada en vigor de la reforma laboral, la USC ha limitado las plazas a aquellos que ya llevan tres años trabajando para la institución. Los sindicatos CCOO y CIG entienden que este condicionante es ilegal y discrimitario. La central nacionalista ya lo ha denunciado en el juzgado.

La polémica reforma laboral aprobada en junio por real decreto introdujo una medida para acabar con la temporalidad. Los trabajadores que durante dos años o tres, según los casos, hayan encadenado contratos con una empresa pasarán directamente a ser indefinidos. La USC se agarra a este punto para limitar las nuevas convocatorias de plazas. Considera que los investigadores adquirirían esa condición “al margen de los procedimientos ordinarios de personal al servicio de las administraciones públicas”, según la respuesta dada por el rector Juan Casares Long ante las protetas de la CIG. Casares alerta de que se saltarían los principios de “igualdad, mérito y capacidad”.

Pero la interpretación de las centrales es diferente. María Sánchez, responsable de acción sindical de CCOO de la USC afirma tajantemente que “la problemática actual” no tiene nada que ver con la reforma laboral. Asegura que en septiembre, el Gobierno retocó el real decreto y estableció una excepción para el personal investigador por obra y servicio que trabaja para las universidades. Sin embargo, desde la CIG se mira con recelo este punto que no ven suficientemente claro. “Es una normativa para acabar con la precariedad laboral, no para que hagan justo lo contrario”, indica Cristina Goy, delegada de la sección sindical de la CIG.

Aunque no hay cifras oficiales, las centrales calculan que unas 800 personas podrían ver frustrada su carrera investigadora y acabar en el paro. La USC utiliza este personal para realizar proyectos puntuales financiados por empresas privadas o por alguna administración pública. En teoría, cuando se acaba el proyecto deja de hacer falta ese puesto de trabajo, pero en la práctica numerosos científicos llevan años en el mismo grupo de investigación encadenando contratos. Con la ley en la mano, entienden los sindicatos, ya podrían haber denunciado a la USC y exigido que los convirtiera en indefinidos, incluso antes de la reforma laboral. Pero la mayor parte no ha emprendido acciones legales. CCOO y CIG creen que la universidad compostelana teme ahora una cascada de denuncias y por este motivo ha decidido limitar las convocatorias.

El rector Juan Casares se ha comprometido a buscar una solución que permita cumplir con las exigencias en materia laboral y mantener la actividad investigadora de la USC. Pero los sindicatos advierten que la exclusión de las convocatorias tiene exactamente el efecto contrario. “Con esta acción la universidad se está cargando la investigación, no se puede estar formando el personal cada tres años”, indica Goy.

La noticia en El Correo Gallego


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